ER Diario
01/02/2022

Qué dicen los entrerrianos de la marcha contra la Corte

Para Loggio refleja "el hartazgo sobre el manejo discrecional y clasista del Poder Judicial y, en particular, de la Corte Suprema". Para Vitor "representa un acto de extrema gravedad institucional que atenta contra el principio republicano". 

Este 1 de febrero habrá una marcha frente a la Corte Suprema de Justicia en contra el funcionamiento de gran parte del Poder Judicial y en particular en contra del Suprema Corte de Justicia de la Nación, para pedir «el fin del lawfare«.

Es impulsada por sectores y personalidades afines al Frente de Todos en general y del kirchnerismo en particular en donde algunas de las consignas de la convocatoria son: «no a la Corte mafiosa», y «la podredumbre del Poder Judicial hay que terminarla con el pueblo en la calle».

Desde la Administración puntualizaron que no se trata de una convocatoria propia, pero que está a favor de que «todas las personas se puedan expresar libremente».

 

Así las cosas, no es la provincia de Entre Ríos ajena a distintos posicionamientos respecto de la marcha en contra de la Justicia.

 

Loggio asistirá a la marcha

“La convocatoria se centra en una sensación clara que está en el pecho de todos los argentinos y las argentinas: el hartazgo sobre el manejo discrecional y clasista del Poder Judicial y, en particular, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, puntualizó el diputado provincial del Frente de Todos, Néstor Loggio.

Además, reseñó: “Nada ha quedado de aquella Corte de lujo, que nos enorgullecía como país y que daba cuenta de la madurez del sistema democrático. Me refiero a la que se conformó durante el primer mandato de Néstor Kirchner y que componían personalidades como Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni”.

“Hoy la Corte está encabezada por dos personas que tiraron todos sus laureles por la borda cuando aceptaron ser nombrados en el máximo tribunal por decreto de necesidad y urgencia «en comisión» por el ex presidente Mauricio Macri, dejando de lado todo el proceso constitucional y democrático que se estableció en 1853 y que se aggiornó con las audiencias públicas a principios de siglo”, distinguió, haciendo referencia a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, presidente y vice respectivamente del máximo órgano judicial.

“Estamos viendo cómo la maquinaria tribunalicia y su entramado de relaciones de poder, atadas muchas veces con vínculos familiares cruzados, está reaccionando a esta movilización popular, que no es otra cosa que el ejercicio del derecho a manifestarse y expresarse que tiene el pueblo, fuente y origen de toda soberanía legítima, incluso la que se ejerce al dictar justicia”, concluyó Loggio que anticipó que concurrirá a la movilización.

 

Para Vitor «representa un acto de extrema gravedad institucional que atenta contra el principio republicano»

“La marcha contra la Corte representa un acto de extrema gravedad institucional que atenta contra el principio republicano de gobierno y desestabiliza el sistema democrático” enfatizó Esteban Vitor, diputado provincial y presidente del Foro Federal de Legisladores del PRO y agregó: “es inadmisible que sea públicamente apoyada por funcionarios nacionales del Poder Ejecutivo ya que ello representa un ataque hacia otro Poder del Estado, en un claro intento de seguir garantizando impunidad para su espacio político ante las causas de corrupción que muchos de ellos enfrentan.”

“El kirchnerismo no entiende la división de poderes ni respeta la Constitución. Fiel a su estilo presiona a los jueces por no subordinarse al Poder Ejecutivo. Estamos frente a otro de sus atropellos que pretende atentar contra la independencia de la justicia argentina y no podemos permitirlo.”

Con relación a la motivación de la marcha, el presidente del Foro Federal de Legisladores del PRO destacó que la marcha tiene un claro trasfondo político por defender los intereses de funcionarios y exfuncionarios: “Están muy preocupados por controlar a los jueces y tribunales donde se tramitan las causas de corrupción de la década kirchnerista, no les interesa para nada mejorar el sistema de justicia para todo el pueblo”, argumentó.

Finalmente, Vitor enfatizó en la necesidad de “respetar la división de poderes, que asegure un Poder Judicial independiente y eficaz, a fin de garantizar el sistema Republicano de gobierno y por eso consideramos importante repudiar toda acción que atente contra nuestra Constitución”.

 

Colegio de la Abogacía

“Se está avasallando la división de poderes y el estado constitucional de derecho”, aseguran desde el Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.

En este sentido, listaron los fundamentos que motivan el rechazo a la convocatoria:
«Manifestaciones públicas de este tipo, que solo encuentran razón en la disconformidad con algunos fallos, lesionan la independencia judicial que es uno de los pilares de nuestra constitución, ya que actúan como condicionantes a decisiones futuras.
La Constitución Nacional establece claramente cuáles son los mecanismos institucionales en los procedimientos para destituir a jueces y juezas, en la que funcionan los distintos poderes del Estado.
Si bien entendemos que rigen los derechos de opinión, de reunión y de petición, bajo ningún punto de vista se justifica utilizar estos para promover consignas violentas tales como “echar a patadas a la Corte”. Acá no se reivindican derechos sino que solo se pretende destituir a la cabeza del Poder Judicial de la Nación a través de acciones de presión.
Como Colegio de la Abogacía, parte activa y esencial del servicio de Justicia, no podemos hacer silencio ante un llamado a atentar contra la división de poderes que establece nuestra lograda democracia, ni avalar el apoyo público a la manifestación de funcionarios del poder Ejecutivo nacional.
Por todos estos fundamentos expresamos, como abogados y abogadas, nuestro más enérgico repudio a cualquier acto que debilite o socave los pilares de uno de los poderes de nuestra democracia republicana».

 

Colegio de Escribanos de Entre Ríos

“Esta convocatoria constituye una amenaza a las instituciones del país, más aún si la misma cuenta con el apoyo de funcionarios del Gobierno Nacional y de integrantes del mismo Poder Judicial”, afirmaron desde el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de Entre Ríos y la Caja Notarial de Acción Social de la Provincia de Entre Ríos.

“La Constitución Nacional establece las condiciones y procedimientos que deben llevarse a cabo para separar a los integrantes de los distintos Poderes del Estado que incurran en conductas contrarias a las establecidas por el ordenamiento jurídico vigente”, sostuvieron.

“Resulta imprescindible respetar la división de poderes que asegure un Poder Judicial independiente y eficaz a fin de fortalecer el sistema Republicano de Gobierno”, manifestaron luego.

“Consideramos que dicha marcha debería ser repudiada por todas las Instituciones intermedias y por la ciudadanía en general, para eliminar de una vez por todas este tipo de actitudes antidemocráticas que pueden resultar el germen de una nueva interrupción del sistema constitucional de nuestro querido país”, concluyeron.

 

UCR: «Está en juego es la necesidad de lograr la impunidad por actos de corrupción»

“La marcha contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impulsada por el oficialismo, no implica la reivindicación de derechos o la pretensión de mejorar su funcionamiento. Tampoco son genuinos los pretextos ideológicos que se sostienen para perseguir la destitución de sus miembros”, sostuvieron desde el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical.

En cambio, consideraron que “lo que está en juego es la necesidad de lograr la impunidad por actos de corrupción y enriquecimiento de importantes dirigentes políticos y sindicales vinculados al oficialismo”.

“Se busca destituir la cabeza del Poder Judicial de la Nación o al menos influir en sus decisiones a través de la presión y el ‘apriete’”, afirmaron, al tiempo que advirtieron que “la gravedad del caso se ve incrementada con el acompañamiento a las acciones destituyentes por parte de funcionarios del gobierno nacional y hasta del propio presidente de la Nación avasallando la división de Poderes y el Estado constitucional de derecho. Hasta la titular del Servicio de Inteligencia del Estado llama a marchar contra la Corte”.

“Es inadmisible que el Gobierno nacional se solidarice con esta movilización y la impulse como un claro intento más de desestabilizar, arremeter y controlar al Poder Judicial, como ya nos tiene acostumbrados el kirchnerismo cuando se trata de organismos que controlan su desfasada e inmoral gestión”, manifestaron desde el radicalismo entrerriano.

“Desde el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos repudiamos estas actitudes que violatorias del  art. 22 de la Constitución Nacional y de la Ley 23.077 de Defensa de la Democracia y que degradan aún más la democracia republicana y la institucionalidad en nuestro país”.

 

FARER: «Se trata de un hecho de una gravedad institucional inusitada»

“Se trata de un hecho de una gravedad institucional inusitada que intenta someter y/o expulsar a los integrantes del máximo tribunal judicial de la Argentina en clara y abierta violación a la República y a la separación de poderes que marca la Constitución Nacional”, sostuvieron desde Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER)

“En ese marco, resultan primordialmente inadmisibles y censurables las expresiones vertidas por funcionarios de los tres Poderes del Estado. No es posible aceptar de modo alguno que se intenten dinamitar los resortes constitucionales desde el corazón mismo de las instituciones”, advirtieron.

“Por todo ello, y teniendo en cuenta que el país somete hoy a casi la mitad de sus habitantes a la pobreza, donde la economía no encuentra rumbo alguno para la recuperación y donde existen tantas postergaciones estructurales, que sectores vinculados al gobierno dediquen su tiempo a acorralar a la Justicia en búsqueda de impunidad resulta una afrenta a todos los argentinos”, aseveraron.

“Se viven horas de zozobra en la Argentina. No es gratis y carente de consecuencias que se empiecen a desmoronar el Estado de derecho y los principios jurídicos básicos del país. Resulta necesario que por estas horas todos demos lugar a la mesura y a la responsabilidad y honremos con hechos concretos la democracia que tanto nos costó conseguir”, concluyeron.

 

Fuente: Con información de Agencia APF – Entre Ríos Diario