La Multisectorial de DDHH leyó un texto conjunto y hubo un solo acto.
A 46 años del Golpe de Estado de 1976, para conmemorar el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, se realizó en Paraná la tradicional marcha de la Multisectorial de Derechos Humanos. Partió, como siempre, desde el Monumento a la Memoria, en la Plaza Saenz Peña hasta el Museo de Bellas Artes, en la Plaza Alvear, donde se montó el escenario principal.
En esta oportunidad hubo un solo Documento, que contó con el apoyo de todas las agrupaciones que lo firmaron. De todos, una columna del Polo Obrero no participó del acto en Bellas Artes y se concentró frente a la Casa Gris.
«Levantamos nuestra voz para decir Nunca Más al Terrorismo de Estado, a los golpes de Estados y a las políticas sociales y económicas que buscan disciplinar a nuestros pueblos», dicen en el Documento en el segundo párrafo.
«Aquel nefasto Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 tuvo los crímenes de la Triple A y las prácticas genocidas desplegadas en el Operativo Independencia como antesala. Con el Golpe se instauró en nuestro país el más terrible plan sistemático de exterminio que haya sufrido el pueblo argentino», mencionan.
«La seguridad pública ciudadana, como deber primario del Estado, no sólo importa en relación a los hechos delictivos sino también en proteger la vida, garantizar la integridad física y desalentar discursos y prácticas violentas.», describen y advierten: «es menester promover un sistema de seguridad democrática que respete los estándares de derechos humanos: que el sistema carcelario tenga como objetivo primario la readaptación social de las personas privadas de su libertad, que los agentes policiales y penitenciarios sean constantemente capacitados en derechos humanos, que se creen reglamentos y protocolos de actuación claros para guiar el accionar policial profesional que tienda a reducir los riesgos, proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas, prevenir y evitar intervenciones violentas».
«Denunciamos el incremento de la violencia institucional que se vive a lo largo y ancho de todo el país, con desalojos, gatillo fácil, detenciones arbitrarias, muertes de personas privadas de la libertad y criminalización de la protesta social», denuncian.
Respecto de Entre Ríos «reclamamos a la legislatura que no demore más la integración de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, para avanzar en la conformación urgente del Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos inhumanos, crueles o degradantes y la derogación de la ley de contravenciones«, piden. En este sentido denuncian: «ataques del Jefe de la policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, hacia los organismos de derechos humanos, seguimos denunciando los crímenes en manos de la fuerza de seguridad. De este modo, el Estado provincial expone a ciudadanos y ciudadanas a la escalada de violencia estatal».
«El Estado Entrerriano, en sus tres poderes, viene atentando contra los principios democráticos de seguridad, sin sancionar y condenar la tortura y el asesinato por parte de los funcionarios de las fuerzas de seguridad. No existe en el Estado Provincial ninguna política pública que tenga como función principal el trabajo contra la violencia institucional y en la prevención de estos delitos. En este sentido, el hostigamiento y tareas de inteligencia sobre miembros de la Ronda de los Martes y luchadores ambientales, demuestran que la represión se muestra como un modo recurrente para intervenir en los conflictos sociales», marcan.
«No olvidamos a los responsables de las miserias de nuestro pueblo, denunciamos el rol de ayer y de hoy del Fondo Monetario Internacional que financió a la dictadura militar sabiendo de los crímenes de lesa humanidad. Fue este mismo organismo de expoliación y saqueo un actor fundamental en el plan económico de los genocidas, en complicidad con el gran empresariado. Durante la dictadura, la deuda externa creció de 7.000 millones de
dólares en 1976 a 45.000 millones de dólares en 1983», historizan y marcan el presente: «Es también el FMI el que hoy somete a la pobreza al pueblo trabajador, mientras quienes hicieron negocios y se fugaron millones de dólares de la deuda siguen impunes».
En este último sentido, exclaman: «Rechazamos el nuevo acuerdo con el FMI, aprobado la semana pasada por el Congreso Nacional. Porque de esta forma, el actual gobierno reconoce así una deuda previa que es ilegítima, fraudulenta y escandalosa».
«La afectación a derechos humanos fundamentales a consecuencia del modelo agroindustrial imperante compromete las libertades de las generaciones presentes pero por sobre todo de las generaciones futuras. Proliferan los casos de procesos oncológicos en Entre Ríos. Mientras se deforestan hectáreas, escasean las lluvias y se secan nuestros ríos. Arden los humedales, migran las especies autóctonas, se silencian los montes y se apoderan de la tierra entrerriana», explican.
Documento 24 de marzo de 2022 Multisectorial de DDHH
