Se objeta el nombre del nuevo protesorero, Paul Reynoso, que estuvo involucrado en la "causa Fornerón".
Por Exequiel Flesler
A horas de la proclamación de Alicia Oviedo como nueva presidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos, convirtiéndose en la primera presidenta mujer de la historia del centenario partido, un integrante de lista que publicó, luego de los corrimientos de rigor, levantó polémica. Se trata de la incorporación en la lista de Paul Reynoso, como protesorero.
Reynoso estuvo imputado en la conocida “causa Fornerón”, por la cual en 2017 el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°35, Ignacio Mahiques, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°21 dispuso que se lo indagara junto a un total de diez personas acusadas de la sustracción y posterior retención de una niña, ocurrido hace diecisiete años, cuando la madre biológica de la niña la entregó en adopción en la provincia de Entre Ríos, a una pareja de la ciudad de Buenos Aires, sin que el padre de la beba, Leonardo Fornerón, lo supiera.
“Preocupa que así, como esos nacimientos se manipularon de forma perversa, quienes pergeñaron esa situación, caminan impunes, se postulan impunes, se muestran impunes” señaló una vecina de la localidad que como el resto de los ciudadanos continuó observando cómo no hubo sanción de ningún tipo ni para con Reynoso, como tampoco para otros imputados.
El caso Fornerón y la vinculación de Reynoso
De acuerdo a los testimonios brindados en el proceso judicial, cuando la mamá biológica de la beba cursaba el octavo mes de embarazo, Paul Reynoso –un vecino del pueblo- comenzó a ir a su casa para entregarle alimentos y productos. Finalmente, una madrugada, en días previos a dar a luz, Reynoso –en un vehículo que le prestó otro de los imputados de apellido Barreto- transportó a Enríquez a la ciudad entrerriana de Victoria donde, el 16 de junio de 2000, en el Sanatorio Policlínico Privado, nació la beba. Al día siguiente, sin el consentimiento de Fornerón, la madre biológica entregó a la beba a B. y Z., una pareja oriunda de la Ciudad de Buenos Aires.
Fornerón tomo conocimiento del nacimiento y finalmente Enriquez le admitió que era su hija. Sin embargo, y a pesar de que el hombre reconoció su paternidad, la madre de la niña reiteró su intención en darla en adopción. Así, se iniciaba un trámite judicial irregular que impidió que, durante 17 años, Fornerón no pudiera criar a su hija. Frente a tal panorama adverso, el hombre decidió denunciar la situación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró la responsabilidad del Estado Argentino frente a la vulneración de los derechos de la niña y dispuso que “el Estado debía establecer de manera inmediata un procedimiento orientado a la efectiva vinculación entre el Sr. Fornerón y su hija, con la obligación de presentar informes sobre los avances del mismo”.
En base a las pruebas colectadas, el representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación le solicitó a la responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°21 que indague a Enríquez, Z., B., Reynoso, Barreto, Espona, Del Valle, Guaita, Balbi y Kairuz en orden al delito de sustracción y posterior retención de una menor de 10 años.
El nombre de Paul Reynoso, que ahora integra la conducción de la UCR a nivel provincial, quedó de este modo involucrado en la causa ya que el fiscal sostuvo que “ha podido demostrarse, con los alcances de la etapa, que los imputados sustrajeron, en connivencia, a la menor M. del ámbito legítimo de tutela de su padre biológico, Leonardo Fornerón, pese al reclamo constante, sistemático e inclaudicable que aquél erigió desde el inicio para que le fuera entregada. Asimismo, que la niña continuó siendo retenida fuera de esa esfera en esta Ciudad de Buenos Aires, a partir de las deliberadas contribuciones analizadas, con el consecuente y grave menoscabo de su libertad individual y a los derechos e integridad de su familia”.
Asimismo, en su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que “la maniobra fue más sofisticada que una sustracción por la fuerza; es decir, la sustracción ‘formalizada’ y la retención judicialmente ‘avalada’ no sólo que sigue siendo delito, sino que lo aumenta en su gravedad por cuanto a lo brutal de apropiarse de un bebé se le suma el abuso de la función pública para asegurar el éxito del ilícito”.
Más de 17 años después, la Corte le dio la razón y reconoció “la larga historia de impunidad” que sufrió Fornerón, y aleccionó que se aguardaba que “cada uno de los responsables reciba la sanción que corresponda a la medida de su culpabilidad”, algo que no sucedió.
