El diputado marcó que las obras "de los Gobiernos de Néstor y Cristina fueron auditadas en su momento y nadie objetó nada".

El fiscal Diego Luciani, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusándola de ser «jefa de la asociación ilícita» y de “haber cometido el delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública”.

Al entender del dirigente político y diputado provincial Juan Manuel Huss, la vicepresidenta “está siendo perseguida desde hace años por jueces y fiscales con falsas denuncias” y “no hay prueba alguna”.

El diputado provincial del Frente de Todos, en diálogo con el programa Quién Dice Qué, entendió que “se están dando un montón de situaciones que me preocupan primero, como ciudadano y luego como militante, que hay lawfare en Argentina, que no quede la menor duda; quien no quiera verlo es porque hay una intencionalidad. Me parece fantástico que haya diferencias en materia política que se resolverán en las urnas”.

“He escuchado muchas veces a algunos defensores del Estado de derecho y de la República que hay mecanismos de recusación de los jueces. Pero no nos olvidemos que tenemos una Corte Suprema de Justicia de la Nación, no solo por decreto lo que es una aberración jurídica y anticonstitucional, pero lo que más me llama la atención que esa Corte, cuatro integrantes, haya determinado la inconstitucionalidad de una ley de hace 16 años por lo cual ahora el Presidente de la Corte Suprema es también el Presidente de la Magistratura”, aseveró.

El diputado mencionó que “en 2016, presentamos un proyecto de autoría de Arana, quien era en ese entonces diputado nacional, para que se audite toda la obra pública de Néstor y Cristina; murió cajoneado (el proyecto). Es desconocer cómo se maneja el Estado nacional: las obras son a solicitud de las provincias, se incorporan en un presupuesto nacional, se votan en ambas cámaras; se auditan los balances, ninguno de estos fue objetado en su momento. La denuncia comienza con la diputada Carrió en 2008, que toma sustento en mayo de 2015, por un pedido de auditoria que había hecho el presidente de Vialidad nacional, Iguacel. Ese pedido se basa en que, de todas las obras que se hicieron durante el gobierno de Cristina y de Néstor, sobre tres obras en la provincia de Santa Cruz, adonde los peritos puestos por Iguacel dicen que las obras estaban, que no había sobreprecios. Sobre eso se sustenta un procesamiento y una elevación de causa a juicio de la ex presidenta”.

“No sé cuál es el objetivo de este proceso, pero llama la atención el énfasis con el que hablaron el fiscal Luciani y los otros fiscales. A uno le hace ruido. Y también veo con mucha preocupación, y creo que no es el domicilio de un dirigente político donde deban manifestarse. Están en todo el derecho de manifestarse pero no podemos ser tontos, cuando hay sectores que por ejemplo, pusieron bolsas mortuorias. Estoy cansado en forma personal que, ante cualquier disidencia que pueda llegar a haber, hay amenazas. Hoy hubo un diputado de la Nación que pidió la pena de muerte”.

 

Fuente: ElOnce.com – Entre Ríos Diario