«No cabe otra alternativa que solicitar al Juzgado del Trabajo en turno que disponga la conciliación obligatoria», indica el pedido, que ingresó en el Juzgado Laboral 4, cargo de la doctora María Alejandra Abud.

«El gobierno entiende imperioso y absolutamente necesario promover la acción judicial que habilita la norma provincial, con el propósito principal de resguardar el derecho a aprender de los entrerrianos, derecho consagrado constitucionalmente, previsto en el artículo 14º de nuestra Carta Magna», reza la nota presentada por el gobierno; y afirma que «allí queda establecido y reconocido el derecho a aprender y que la educación es una obligación sustantiva del Estado de derecho».

Al respecto, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, manifestó que «el gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante para acercarse a las expectativas que tienen los docentes, reconociendo que hay un problema con el poder adquisitivo de los salarios, pero también conscientes de la realidad que estamos afrontando a nivel finanzas de la provincia».

Afirmó que «el gobernador gobierna para todos los entrerrianos; y en ese contexto, con mucho esfuerzo, hicimos más de cuatro mejoras en la oferta que les acercamos a los gremios. No pudimos lograr el equilibrio, pese a que muchas de esas ofertas son muy parecidas a las de otras provincias que lo han logrado, como Córdoba».

En ese sentido, dijo que se tomó la decisión de «ir hacia una conciliación obligatoria porque no hay nada más importante que esta tensión, que es lógica y natural producto de la crisis, se haga con los chicos en el aula».

«En un plan de desarrollo provincial como el que tiene que llevar adelante el gobernador nosotros instamos a que nos pongamos de acuerdo, pero con los chicos dando clases y aprendiendo», subrayó.

Finalmente, señaló que están preparando un nuevo ofrecimiento que les acercará el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso a los gremios en los próximos días para intentar acercar posiciones.

La presentación

En el pedido que ingresó a la Justicia, se expresa que «desde el gobierno provincial se han hecho todos los esfuerzos posibles en conversaciones informales inicialmente, y luego en sede administrativa, por llegar a un acuerdo con las entidades gremiales que permita el desarrollo normal de la actividad educativa en la provincia, procurando evitar, tanto las medidas de fuerza, como tener que llegar a esta instancia judicial, siempre con el propósito de garantizar efectivamente el derecho de los educandos a recibir educación en la calidad y cantidad tales que posibiliten el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y su sentido de responsabilidad y solidaridad social».

En otro tramo del documento, se indica: «Ante una colisión de derechos de rango constitucional (derecho de huelga y derecho a la educación de menores), nunca puede ni debe lesionarse en modo alguno el superior interés de los niños a recibir una educación en tiempo y contenidos adecuados, conforme lo establecen los arts. 3, 28, 29 y 30, Convención sobre los Derechos del Niño (inc. 22, art. 75, Constitución Nacional)».