Sofía Cáceres Sforza, de SITRADU, en Malos Perdedores.
Las universidades atraviesan una semana de protesta para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que lleva 300 días sin aplicarse. La norma fue aprobada por el Congreso, su veto fue revertido, volvió a ser ratificada al excluirse su derogación del proyecto de Presupuesto 2026 y existen medidas cautelares judiciales favorables. A pesar de ello, el Gobierno continúa incumpliéndola y sostiene que no tiene obligación de girar ciertos fondos de funcionamiento hasta diciembre.
Sofía Cáceres Sforza, secretaria general del Sitradu (Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios), gremio que está dentro de la CONADU Histórica, durante una entrevista con Malos Perdedores (Radio Costa Paraná – 88.1 – lunes a viernes de 10 a 13), dijo que “el incumplimiento genera una deuda equivalente al 320% de actualización de las becas Progresar. Los estudiantes comenzaron a cobrar las becas del año recién en mayo o junio y reciben actualmente $35.000, un monto que no refleja el aumento previsto por la ley”.
Para los trabajadores universitarios, “el atraso salarial supera el 30%. Un docente con dedicación semiexclusiva, diez años de antigüedad y la mitad de la carga máxima percibe alrededor de $600.000 de bolsillo. También se encuentra paralizado el financiamiento de gastos básicos —luz, gas y mantenimiento— y de actividades de investigación y extensión”.
Un acta firmada en junio por el Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional contemplaba un aumento del 20% para gastos de funcionamiento, no para salarios. CONADU Histórica rechazó ese acuerdo por considerarlo insuficiente, y esos fondos todavía no fueron girados.
Deterioro del trabajo universitario
La educación superior se sostiene cada vez más a costa de los salarios docentes. “Quienes permanecen en la universidad deben buscar otros empleos para sobrevivir, mientras otros abandonan directamente la actividad. El pluriempleo, la precarización y tres años de reclamos y medidas de fuerza provocan agotamiento”, remarcó Cáceres Sforza.
Los docentes ingresan por concurso y sus cargos se evalúan periódicamente, aproximadamente cada cuatro años, considerando investigación, publicaciones y extensión. Dos evaluaciones negativas pueden implicar la pérdida del puesto. “Por eso, además de dar clases, deben continuar formándose, producir conocimiento e investigar. Sin embargo, la falta de salario y financiamiento lleva a priorizar la docencia y descuidar investigación y extensión, debilitando funciones centrales de la universidad pública surgidas de la Reforma Universitaria de 1918”.
Estudiantes y medidas de lucha
No se observa una expulsión masiva de estudiantes: en varias carreras incluso aumentó la matrícula, y la UNER abrió nuevas carreras y tecnicaturas mientras atraviesa una evaluación de la CONEAU. No obstante, “la crisis obliga a muchos estudiantes a reducir la cantidad de materias cursadas y dificulta su permanencia. Las asambleas estudiantiles expresaron un fuerte rechazo al acuerdo de junio, especialmente porque dejó fuera la actualización del 320% de las becas”, sostuvo la gremialista.
CONADU Histórica, ante este escenario, resolvió un paro de una semana durante el segundo cuatrimestre, acompañado por acciones de visibilización.
Fuente: Radio Costa Paraná – Entre Ríos Diario
