Toda la oposición a Rosario Romero en el Concejo Deliberante de Paraná presentó en conjunto un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia Vial y de Infraestructura Urbana en la ciudad. La iniciativa -que tuvo ingreso formal en la sesión de este martes- lleva la firma de Silvia Campos, Maximiliano Rodríguez Paulín, Rosana Toso, Pablo Donadío y Fabián Carbajal (Juntos por Entre Ríos), Romina Todoni (La Libertad Avanza) y Norberto Luis Jacob (Libertad, Nacionalismo y Progreso).
La propuesta central: recortar gastos superfluos -espectáculos masivos, pauta publicitaria y aportes no comprometidos a entes de promoción- para destinar esos fondos, de manera exclusiva y urgente, a la reparación de calles, el bacheo y la desobstrucción de desagües.
El anuncio no fue una sorpresa: hace dos semanas los siete concejales ya se habían mostrado juntos bajo el título «La oposición en Paraná», comprometiéndose a dejar de lado las diferencias partidarias para ordenar prioridades y controlar la gestión municipal.
Los bloques remarcaron que el estado de las calzadas dejó de ser un inconveniente menor: es un peligro cotidiano que afecta la circulación de vecinos, complica el transporte público y demora el paso de ambulancias y bomberos. Frente a la excusa recurrente de la falta de recursos, el proyecto fija un orden estricto de prioridades de recorte -primero espectáculos y recitales, luego pauta institucional, por último aportes a organismos como el EMPATUR- y suspende, mientras dure la emergencia, nuevas licitaciones para fiestas públicas.
Como contrapartida a la agilidad administrativa que habilita para comprar insumos viales, la norma exige transparencia total: publicación en tiempo real de contratistas, montos y zonas intervenidas, y una Comisión de Seguimiento integrada por un concejal de cada bloque político, el responsable de Obras Públicas, el Defensor del Pueblo de la ciudad en representación de los vecinos, y un técnico del Colegio de Ingenieros.
De cara al vecino, se suma un mapa digital interactivo conectado a la Línea 147 para reportar baches en tiempo real, garantía mínima de un año en las obras privadas y control estricto sobre las empresas de servicios que rompen la calzada para tender redes subterráneas.
«Priorizar lo importante es cuidar el dinero de los paranaenses. Las urgencias de la ciudad están en la calle y la respuesta del Municipio debe estar a la altura de lo que la gente demanda todos los días», concluyeron los concejales.
