Disconformes con el fallo pidieron una aclaratoria del fallo. Casa Gris aclara que el sistema sigue en pie.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Fundación Cauce y el grupo de padres que impulsó el amparo contra el sistema de distribución de alimentos para los desayunos y las meriendas en los comedores escolares redobló redoblaron la ofensiva judicial luego de que el juez rechazara frenar la modificación del sistema alimentario escolar.
Fue en este sentido que presentaron un pedido para ampliar el alcance del fallo y, al mismo tiempo, apelaron la sentencia ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER). De todos modos, la licitación, el contrato y el sistema centralizado siguen en pie, se conoció desde la Casa Gris.
Se trata, en concreto, de dos escritos: por un lado solicitaron una aclaratoria de la sentencia y, por otro, interpusieron directamente un recurso de apelación para llevar el caso ante el Superior Tribunal de Justicia.
Los escritos están firmados por Aldana Sasia y Rubén Pagliotto, abogados patrocinantes de los padres; Verónica Fischbach, en representación de AGMER; y Valeria Enderle, por Fundación Cauce.
Se interpreta que el movimiento judicial expone el fuerte rechazo al resultado obtenido. En la apelación sostienen que la sentencia del 21 de agosto les causa un “gravamen irreparable” y solicitan que el expediente sea elevado al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
En paralelo, mediante un escrito de seis páginas, intentan que el juez precise y amplíe el alcance de lo resuelto. Concretamente, pretenden que establezca que la ausencia de sellos de advertencia no resulte suficiente para determinar qué productos pueden integrar desayunos y meriendas, y que explicite mayores exigencias vinculadas con la Ley provincial 10.594.
Hay, sin embargo, una admisión relevante en la propia presentación: los demandantes reconocen expresamente que en la aclaratoria “no se encuentra en discusión la modalidad centralizada o descentralizada de contratación”.
Ese punto, se inrterpretó en el gobierno, ratifica el aspecto central del fallo para el Gobierno provincial: la Justicia no anuló la licitación, no rescindió el contrato vigente, no impidió continuar con el sistema centralizado de provisión y tampoco ordenó regresar al mecanismo anterior.
