Un centenar de colegiados pidieron formalmente la remoción de la presidenta María Paula Armándola y otros siete miembros de la Comisión Directiva. Argumentan manejos completamente discrecionales de fondos y atribuciones.
Mientras el sector inmobiliario avanza hacia un futuro más transparente y abierto, decenas de corredores inmobiliarios hicieron estallar un nuevo escándalo que desnudó la crisis institucional que atraviesa el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios (CCPIER) y el aparente agotamiento de la gestión de Armándola.
Hace apenas un mes, cerca de un centenar de matriculados activos acusaron formalmente al Comité Ejecutivo del Colegio que preside María Paula Armándola por “conductas constitutivas de mal desempeño cometidas por comisión u omisión en el ejercicio de la función institucional”. Las acusaciones –que incluyen un pedido de remoción– incluyen a la vicepresidenta 1º Iara Defazy, al vicepresidente 2º Hubo Urbani, al secretario Norberto Bernay, al prosecretario José Risso, al tesorero Abelardo Budo, a la protesorera Zulma Boujon y a la vocal titular 1º Rita Hoftetter.
La solicitud se sustenta en el reglamento interno del Colegio, por el que los miembros del Consejo Directivo pueden ser desplazados “mediante acusación formulada por no menos del 5% de los miembros del Colegio”. Los cerca de 100 matriculados que firmaron el pedido de remoción de la cúpula del Colegio hacen hincapié en 10 fundamentos principales: el primero es la decisión unilateral que tomaron las autoridades de separarse del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci). Según indicaron los colegiados, la resolución se adoptó “sin deliberación previa, sin dictamen jurídico, sin reunión abierta del Consejo Directivo y, lo que es aún más alarmante, sin intervención ni autorización de la Asamblea General de colegiados, órgano soberano de la institución”.
La ruptura con el Cofeci no solo representó “una decisión inconsulta, opaca y perjudicial para la proyección profesional y el prestigio del Colegio”, tal como señalaron los colegiados, sino que además se concretó con una “liviandad inaceptable” y “sin comunicación oficial clara”.
Entre los fundamentos del pedido de remoción del Consejo Directivo del CCPIER también se encuentra “la utilización indebida y discrecional de recursos institucionales”. Según denunciaron los colegiados, se realizaron gastos en perfumería, entretenimiento digital, multas de tránsito y trámites particulares con la tarjeta de crédito del Colegio. “A ello se suma la detección de gastos en concepto de combustibles que no guardan correspondencia con desplazamientos institucionales comprobables, ni han sido rendidos debidamente conforme a los principios básicos de transparencia, control y legalidad que deben regir toda administración de fondos colegiales”, añadieron.
El escándalo que hoy pone el foco en la gestión de María Paula Armándola incluye, asimismo, la compra directa de una obra de arte: el Colegio pagó una suma “elevada y desproporcionada”, sin procedimiento competitivo, por una obra realizada por “un artista vinculado afectivamente a la actual presidenta” de la institución.
La polémica utilización de recursos del Colegio y los manejos hiper-personalistas de Armándola están entre las cuestiones que más preocupan a los colegiados y que han derivado en una crisis institucional sin precedentes. A su vez, cuestionan fuertemente “la flexibilización y alteración de los requisitos legales de matriculación”. Al parecer, se detectó la admisión de solicitudes de matriculación que no cumplían con las condiciones mínimas exigidas por la normativa vigente.
“Esta irregularidad reviste especial gravedad, en tanto implica el incumplimiento del deber indelegable de las autoridades de velar por el estricto respeto al marco legal, pese a haber recibido expresos consejos en contrario por parte de los asesores legales de la institución. A su vez, esta práctica compromete gravemente la seguridad jurídica, la calidad institucional y el prestigio profesional del Colegio, y podría generar situaciones de imposible o muy difícil reversión: si se comprobara posteriormente que el título no estaba en regla o era inválido, la revocación de la matrícula no podría fundarse en la propia negligencia del órgano que la concedió”, advirtieron los colegiados.
El pedido de remoción del Consejo Directivo del CCPIER evidencia una profunda crisis institucional. Con riesgos latentes para los corredores que pertenecen a la institución, el escándalo quema en las manos de Armándola y todavía se desconocen sus alcances.
